El caso del estudiante Kevin Adrián Vázquez, ocurrido el pasado 6 de diciembre en Cabo San Lucas, abrió una discusión que llevaba tiempo acumulándose: el trato a estudiantes en el transporte público y el incumplimiento de un derecho que está claramente establecido en la ley.
Tras los hechos, la décima primera regidora del Ayuntamiento de Los Cabos, Valerie Olmos Domínguez, presidenta de la Comisión Edilicia de Transporte Público Municipal, fijó una postura directa: el descuento a estudiantes no es una cortesía del chofer ni una decisión discrecional del concesionario, es una obligación legal.
De acuerdo con la Ley de Transporte del Estado de Baja California Sur, el beneficio del 50% de descuento para estudiantes aplica todos los días, sin excepciones por horarios o fines de semana. Además, recordó que dicho compromiso quedó asentado como condición para autorizar el aumento en las tarifas del transporte público.
Desde que el caso se hizo público, la Comisión Edilicia y la Dirección Municipal de Transporte Público mantuvieron contacto con las partes involucradas. La familia del estudiante recibió asesoría legal y el domingo 7 de diciembre se presentó una querella formal ante el Ministerio Público, bajo el expediente CSL/6065/2025/NUC.
Como resultado de las reuniones con los concesionarios, se acordó cubrir los estudios médicos del estudiante, otorgar una beca de transporte y ofrecer una disculpa por parte del chofer involucrado.
Más allá de los acuerdos, el mensaje fue claro: no se permitirá que se normalicen prácticas que vulneren los derechos de las y los estudiantes, ni que el servicio de transporte público se preste bajo criterios arbitrarios.
El caso sigue bajo seguimiento y se anticipa una revisión más estricta del cumplimiento de la normativa en el transporte colectivo del municipio.
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