El Congreso de la Unión aprobó esta semana un paquete de reformas arancelarias que entrará en vigor a partir de enero de 2026, con el objetivo declarado de promover la industria nacional al gravar con mayores impuestos la importación de ciertos bienes provenientes de países con los que México no tiene tratados comerciales.
La reforma incluye la modificación y creación de nuevos aranceles que afectarán cerca de 1,400 productos, imponiendo o elevando impuestos de importación en rangos que van desde aproximadamente 10% hasta 50% en casos específicos.
Entre los sectores que podrían enfrentar mayores costos se encuentran textiles, calzado, ropa, muebles, plásticos, electrodomésticos, autopartes, juguetes, papel y productos metálicos, además de vehículos ligeros y otros bienes de consumo.
Además, más de 300 partidas arancelarias que antes no pagaban impuestos ahora quedarán sujetas a gravámenes, y se ampliarán los pagos de derechos para una amplia gama de productos importados.
Aunque las autoridades que impulsan la medida argumentan que estos ajustes buscan fortalecer la producción local, críticos advierten que el aumento de aranceles podría trasladarse a precios más altos al consumidor final, especialmente en productos que dependen de insumos o bienes importados para su fabricación o venta en México.
La medida ha generado reacciones diversas, con voces que señalan posibles impactos tanto en la competitividad como en la inflación de bienes de consumo en el mercado interno.
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