Washington, D.C.— La administración de Donald Trump modificó el procedimiento para reportar posibles casos de trata de personas que involucren a menores migrantes bajo custodia federal en Estados Unidos.
A partir de un memorando fechado el 10 de septiembre, los cuidadores y proveedores que atienden a menores migrantes ya no deben enviar directamente a la Oficina de Trata de Personas —Office on Trafficking in Persons (OTIP)— los reportes relacionados con posibles casos de explotación laboral o sexual.
De acuerdo con el nuevo procedimiento, las denuncias deberán ser presentadas inicialmente ante la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), dependencia que supervisa el alojamiento y cuidado de los menores no acompañados. La ORR será la encargada de revisar los reportes y determinar cuáles deberán ser enviados posteriormente a la oficina especializada en trata.
El cambio alcanza a unos mil 800 menores
Según la información revisada por AP, la modificación tiene impacto sobre aproximadamente mil 800 menores que permanecen bajo custodia federal después de haber llegado a Estados Unidos sin sus padres o de haber sido detenidos junto con adultos que se encontraban sin estatus migratorio regular. También alcanza a menores que ya fueron liberados, pero continúan bajo supervisión federal.
Hasta ahora, los proveedores de atención debían realizar evaluaciones para identificar posibles situaciones de trata y, cuando existían indicios, notificarlas a la oficina especializada. Una eventual determinación de que un menor podía ser víctima de trata podía abrir la puerta a determinados servicios y beneficios, además de servir como respaldo para solicitar algunas formas de protección migratoria.
Gobierno argumenta que busca reducir reportes improcedentes
La administración estadounidense sostiene que el cambio pretende hacer más eficiente el proceso y evitar que casos que no cumplen con la definición legal de trata sean enviados como posibles investigaciones criminales.
La ORR señaló que una revisión realizada el año pasado encontró que 95% de más de 9 mil reportes no contenían elementos suficientes para ser considerados casos de trata por investigadores criminales. La dependencia afirmó que la nueva ruta permitirá reducir derivaciones improcedentes y posibles fraudes, al tiempo que busca garantizar apoyo a los menores que sí hayan sido víctimas.
No obstante, la misma información señala que 58% de los reportes realizados por empleados de refugios y administradores de casos sí calificaron para beneficios relacionados con la trata, lo que ha generado cuestionamientos sobre los posibles efectos de la modificación.
Organizaciones y exfuncionarios cuestionan la medida
Organizaciones dedicadas a la atención de víctimas de trata han expresado preocupación por el nuevo procedimiento. Jean Bruggeman, de Freedom Network USA, sostuvo que el cambio podría dificultar que algunos menores reciban oportunamente servicios especializados y determinadas protecciones migratorias.
También Jen Smyers, quien fue subdirectora de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados durante la administración de Joe Biden, cuestionó que el nuevo mecanismo represente una agilización del proceso.
Su preocupación radica en que la ORR, además de supervisar la custodia de los menores, tendrá ahora una función adicional de revisión antes de que determinados casos lleguen a la oficina especializada en trata.
El debate se centra en la protección de los menores
El cambio se produce en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias del gobierno de Trump. Mientras la administración argumenta que busca fortalecer los controles y reducir reportes que no corresponden legalmente a casos de trata, organizaciones y exfuncionarios advierten sobre el riesgo de que denuncias legítimas puedan retrasarse o no recibir la atención especializada necesaria.
La modificación no elimina la posibilidad de que los casos sean remitidos a la Oficina de Trata de Personas, pero cambia el primer punto de recepción y revisión de las denuncias, colocando esa función inicialmente en la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.
El impacto de la nueva política dependerá, entre otros factores, de la rapidez con que la ORR identifique y remita los casos que correspondan a la instancia especializada.
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