La investigación de la FGR concluyó que el combustible almacenado por Grupo Simsa contaba con los permisos correspondientes; las irregularidades detectadas estaban relacionadas con el transporte y derivaron en la destitución del delegado federal en Guanajuato.
Ciudad de México.— El aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en instalaciones de Grupo Simsa, en Guanajuato, dio un giro luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum informara que la investigación federal determinó que el hidrocarburo era legal y que la empresa contaba con los permisos necesarios para su almacenamiento.
Durante su conferencia matutina de este miércoles 21 de octubre, la mandataria explicó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR), concluyó las indagatorias sobre la procedencia del combustible.
Sheinbaum precisó que las irregularidades identificadas estaban relacionadas con el transporte del hidrocarburo que ingresaba a las instalaciones, una situación que, según indicó, fue atendida por la empresa.
El caso generó controversia luego de que las autoridades estatales anunciaran el hallazgo como uno de los mayores decomisos de combustible presuntamente ilegal en el país.
Un operativo anunciado antes de concluir las verificaciones
El 4 de septiembre, autoridades federales realizaron un cateo en una terminal de almacenamiento vinculada con Grupo Simsa, donde localizaron aproximadamente 59 millones de litros de combustible distribuidos en diez tanques, además de tres unidades de carga.
Sin embargo, el aseguramiento fue anunciado públicamente hasta el 17 de septiembre por el secretario de Seguridad de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, quien presentó el hallazgo como un decomiso histórico de presunto huachicol.
La investigación se originó a partir de un operativo realizado el 3 de julio en San Luis de la Paz, Guanajuato, donde fue detenida una persona que descargaba diésel en una gasolinera.
Tras darse a conocer el caso, Grupo Simsa rechazó que sus operaciones fueran ilícitas y sostuvo que el combustible almacenado pertenecía a sus clientes.
En los días posteriores, la FGR informó que revisaría la documentación relacionada con la propiedad, procedencia, operación y trazabilidad financiera y fiscal del hidrocarburo.
Destituyen al delegado de la FGR en Guanajuato
La polémica también tuvo consecuencias dentro de la Fiscalía federal. El 25 de septiembre se confirmó la destitución de Juan Francisco Vera Ayala, quien se desempeñaba como delegado de la FGR en Guanajuato.
De acuerdo con las explicaciones oficiales difundidas en ese momento, la decisión estuvo relacionada con anomalías en el operativo y con la difusión de información antes de que concluyeran las verificaciones correspondientes.
El caso puso bajo cuestionamiento el procedimiento mediante el cual se anunció el supuesto decomiso de combustible ilegal, mientras las autoridades todavía analizaban los documentos presentados por las empresas involucradas.
Con la conclusión de la investigación sobre la procedencia del hidrocarburo, el caso tomó un rumbo distinto al anunciado inicialmente: el combustible almacenado resultó legal, aunque las irregularidades relacionadas con su transporte fueron señaladas por la presidenta.
SAT da de baja a 180 empresas por huachicol fiscal
Durante la misma conferencia matutina, el Gobierno federal presentó información sobre las acciones contra el contrabando de combustibles y el llamado huachicol fiscal.
Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que 180 empresas fueron dadas de baja ante la autoridad fiscal por irregularidades relacionadas con el contrabando de combustible.
Por otra parte, Sheinbaum confirmó que México presentó tres solicitudes formales de extradición a Estados Unidos vinculadas con el caso de contrabando millonario de hidrocarburos por vía marítima en Tamaulipas.
La presidenta señaló que existen 17 órdenes de aprehensión pendientes relacionadas con esa investigación, tres de ellas correspondientes a personas cuya extradición ya fue solicitada formalmente al Gobierno estadounidense.
Las autoridades federales mantienen así distintas líneas de acción contra el comercio ilegal de combustibles, mientras el caso de Guanajuato deja en evidencia la importancia de verificar la procedencia del hidrocarburo y la documentación correspondiente antes de presentar públicamente un aseguramiento como un decomiso de huachicol.
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