La red se hacía pasar por funcionarios de alto nivel y utilizaba números con logotipos oficiales para solicitar dinero, contrataciones y favores.
Autoridades federales y del Estado de México desarticularon una presunta red de extorsión que utilizaba inteligencia artificial para clonar voces y suplantar a funcionarios públicos.
Entre los detenidos se encuentra Luis Miranda Contreras, exsecretario de Administración y Finanzas de Michoacán, además de su esposa Liliana “N”, sus hijos Luis Samuel “N” y Aimee de Guadalupe “N”, y su escolta Agustín Arturo “N”.
La captura ocurrió en el fraccionamiento La Providencia, en Metepec, donde las autoridades localizaron teléfonos celulares, tarjetas SIM y vehículos relacionados con las investigaciones.
De acuerdo con las indagatorias, los integrantes de la organización primero contactaban a políticos, funcionarios y empresarios, haciéndose pasar por secretarios particulares para obtener números telefónicos, agendas e información sobre asuntos administrativos y económicos.
Posteriormente utilizaban esos datos para hacerse pasar por funcionarios de la Presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gobiernos estatales y alcaldías. Para reforzar el engaño empleaban números con nombres y logotipos oficiales, además de voces clonadas mediante inteligencia artificial y conversaciones ficticias.
Una vez establecida la comunicación, solicitaban dinero bajo argumentos como apoyo para operaciones políticas, agilización de pagos, contratación de servicios o incorporación de personas a puestos administrativos.
Las autoridades identificaron al menos 19 teléfonos celulares utilizados en las operaciones. También señalaron que los pagos se solicitaban principalmente en efectivo y que parte de los recursos habría sido destinada a la compra de inmuebles en zonas de alta plusvalía y vehículos de alta gama.
Luis Miranda Contreras cuenta además con antecedentes por una investigación de peculado relacionada con presuntos pagos por 26 millones 680 mil pesos.
Los cinco detenidos fueron vinculados a proceso por extorsión el pasado 6 de octubre y se les impuso prisión preventiva justificada. Las investigaciones continúan para determinar el número de víctimas y la posible participación de más personas.
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